Archivo de 29/12/07

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Terribles fotos sobre el asesinato de Benazir Butto en Pakistan

Diciembre 29, 2007

Si eres una persona sensible a ver cuerpos de seres humanos despedazados por una explosion terrorista te recomiendo que no veas las fotos que he publicado en este articulo. 

La ex primera ministra pakistaní Benazir Bhutto pagó este jueves el precio más alto que un político puede pagar por sus convicciones democráticas.

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Dos veces jefa del gobierno, de 54 años y madre de tres hijos, Bhutto fue asesinada de tarde, cuando se retiraba de un acto electoral en la localidad de Rawalpindi, cerca de Islamabad, en lo que pareció un atentado suicida seguido por tiroteos.

La líder del Partido del Pueblo de Pakistán (PPP) murió alrededor de las 6:15 hora local en el hospital de Rawalpindi, apenas una hora después de que un desconocido disparara contra ella cuando abandonaba el parque cercado donde se celebraba el acto.

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Una veintena de personas murieron en el atentado y docenas resultaron heridas.

“Ella temía que algo así pudiera sucederle, pero era tan valiente…”, dijo a IPS desde Rawalpindi el portavoz del PPP Farhatullah Babar, quien acompañaba a Bhutto en el acto.

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“Estaba saludando a la multitud, y entonces comenzaron los tiros y la explosión”, agregó, poco antes del traslado de la dirigente asesinada a su ciudad natal, Larkana, en un avión militar C-130.

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“No creo que la gente se dé cuenta: ella era una de nuestras últimas esperanzas de transición pacífica a la democracia en Pakistán”, dijo a IPS el economista Haris Gazdar, de Karachi, quien apoyó el muy criticado acuerdo con el gobierno militar que le permitió a Bhutto regresar del exilio y participar en actividades políticas.

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Según el Decreto de Reconciliación Nacional emitido el 5 de octubre, el presidente y entonces comandante del ejército Pervez Musharraf concedió inmunidad a Bhutto, acusada de corrupción tras ser depuesta en 1996.

A pesar de que ninguno de los cargos pudo ser comprobado en los tribunales, la líder del PPP aceptó el convenio ofrecido por el dictador. A cambio, su partido apoyaría en el parlamento la reelección de Musharraf como presidente.

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“Los estadounidenses nos consideran un estado peligroso y quieren venir a arreglar las cosas. Ésta era nuestra posibilidad de hacerlo pacíficamente”, agregó el economista Gazdar.

“El Estado es responsable del asesinato. Tal vez piensen que removiendo el vehículo hacia el cambio pacífico pueden detenerlo. Pero eso no sucederá. Ahora que la mediadora pacífica fue asesinada, Estados Unidos usará la fuerza armada”, advirtió.

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El padre de Benazir Bhutto, Zulfiqar Alí Bhutto, ex primer ministro y ex presidente, fue ejecutado en la horca en 1979, luego de ser depuesto por el régimen militar del general Ziaul Haq. Dos hermanos de la líder pakistaní también murieron asesinados.

“Tenía nueve años cuando Zulfiqar Alí Bhutto fue asesinado por un general. Ahora mi hijo tiene nueve años y otro general asesinó a su hija. Crecí con Benazir. Para mí es una pérdida personal. No quiero dejar de llorar”, dijo una abogado de Lahore en un mensaje de texto telefónico.

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La muerte de Bhutto encendió la violencia en todo el país, en particular en Sindh, su provincia natal. “Cerraron todos los comercios y hay fuego por todas partes”, dijo Abdul Jabbar, chofer en Karachi, capital de Sindh y principal centro comercial de la provincia. “La gente está abrumada por el dolor.”

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Antes de las 9 de la noche hora local, la violencia se había cobrado al menos cinco vidas en Karachi. Manifestantes en Sindh evacuaron dos trenes y los incendiaron. Las multitudes furiosas atacaron comisarías y otros edificios símbolo de la autoridad del Estado.

Los centros de comunicación telefónica en todos los poblados y ciudades de la provincia se saturaron.

Benazir Bhutto había vuelto a Pakistán el 18 de octubre, tras nueve años de exilio en Londres y Dubai. Musharraf le había recomendado retrasar el retorno por el peligro de atentados suicidas.

“Por esto estoy aquí”, dijo ese mismo día a esta corresponsal, radiante, encima de un vehículo acorazado que la condujo por Karachi cuando llegó desde Dubai. “Este pueblo es la razón por la que volví.”

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El convoy marchaba lento por los miles de manifestantes que la acompañaban a pie. A las pocas horas, apenas después de la medianoche, explotaron dos bombas al paso de la camioneta, detonadas por control remoto. Murieron al menos 130 personas y medio millar resultaron heridas.

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Al día siguiente, ante la prensa, Bhutto involucró en el atentado a agencias de inteligencia del Estado pakistaní. En una carta que aseguró haber enviado a Musharraf dos días antes de su retorno, identificó a tres posibles asesinos.

“Le dije que si algo me sucedía, los responsabilizaría a ellos, más que a organizaciones armadas como Talibán o Al Qaeda”, advirtió.

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El PPP también reclamó remoción del jefe del Buró de Inteligencia, Ijaz Shah, por sus vínculos con organizaciones clandestinas.

A pesar de las amenazas, Bhutto realizaba una campaña muy activa rumbo a las elecciones del 8 de enero, apenas fueron anunciadas a fines de noviembre.

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Bhutto y el también dos veces ex primer ministro Nawaz Sharif, líder de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz depuesto por Musharraf que también regresó este año del exilio, dejaron de lado sus tradicionales diferencias y tuvieron un acercamiento en los últimos meses.

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En mayo de 2006, Bhutto y Sharif firmaron una Carta Democrática dirigida a expulsar a los militares de la actividad política.

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Sharif consideró que el atentado contra Bhutto fue posible por “un desliz de seguridad” y que el gobierno debió haber tomado medidas adecuadas para protegerla. El ex primer ministro acudió raudo a Rawalpindi apenas supo de su asesinato.

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Musharraf declaró tres días de duelo, en los que la bandera de Pakistán deberá ser izada a media asta

*Textos y fotos de diferentes fuentes noticiosas.

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Tres años después del tsunami en Sri Lanka hay otro desastre

Diciembre 29, 2007

COLOMBO, 28 dic (IPS) – Tres años después del tsunami en el océano Índico, que en Sri Lanka dejó a más de 32.000 muertos y a otras 500.000 personas sin hogar, este país insular de Asia meridional está al borde de otro desastre, esta vez causado por el hombre: una guerra civil sin cuartel.

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Desde diciembre de 2005, las escaramuzas y batallas se reproducen entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil (LTTE), ignorando un cese del fuego auspiciado por Noruega hace cinco años.En medio de continuados fracasos para reunir a las partes en una mesa de negociaciones, más de 4.500 personas, en su mayoría civiles, han muerto y cientos de miles han huido a sus hogares en los últimos meses.Solo en la semana de Navidad, más de 50 combatientes murieron cuando las batallas arreciaron en zonas norteñas. Tanto el Ministerio de Defensa como los Tigres informaron haber participado de duros enfrentamientos en el norte.

“Hay un severo fuego de artillería en ambos lados (de la frontera de la jurisdicción tamil) y parece que se avecina algo muy grande”, dijo a IPS Y. Ariyarathnam en conversación telefónica desde la septentrional península de Jaffna, donde está concentrada la minoría tamil.

Los informes de los funcionarios noruegos que supervisan el cese del fuego son cada vez más preocupantes.

“La Misión de Supervisión de Sri Lanka está alarmada por la situación, que cada vez se parece más a la violencia del período previo a la firma del acuerdo de cese del fuego, en 2002″, señalaron los funcionarios semanas atrás.

El ejército realizó una serie de ataques a lo largo de la frontera entre las áreas bajo jurisdicción del gobierno y las zonas controladas por los Tigres, en el norte. Los enfrentamientos se incrementaron luego del discurso anual, el 27 de noviembre, del líder del LTTE, Vellupillai Prabhakaran, quien dejó en evidencia que el movimiento está cada vez más convencido de que la opción militar es la única salida.

Por su parte, el gobierno prometió continuar con operaciones militares, convencido de que los Tigres están contra las cuerdas luego de haber perdido el control en el este de la isla.

Pero los Tigres respondieron con ataques que incluyeron redadas aéreas con aviones ligeros y atentados suicidas en la capital.

El presidente Mahinda Rajapakse alertó que el LTTE podría ser proscrito nuevamente. “Uno o dos ataques más, no tenemos otra opción”, dijo a periodistas durante una fiesta de Navidad celebrada en su residencia. “Hay un límite a nuestra paciencia”, agregó.

Los tamiles endurecieron su discurso a pesar de una derrota en el este y la pérdida de varios de sus líderes en redadas del ejército. El líder político del LTTE, S.P. Tamilselvan, que se sospecha era el segundo en importancia dentro del grupo, murió durante un ataque aéreo el 25 de noviembre.

“Sucesivos gobiernos de Sri Lanka han hecho alarde de que van a terminar con los Tigres, pero todavía estamos aquí. Por eso, dejen que vengan. Estamos preparados”, dijo a IPS el portavoz militar de la organización, Rasiah Illanthariyan.

Ambas partes cuentan con un importante número de hombres y con recursos en la frontera, y analistas militares alertan que la guerra será sangrienta.

“El LTTE peleará contra las cuerdas. Siempre contraatacan en (el área de) Vanni, que es un terreno muy difícil. Resistirán allí a menos que el ejército lance gran ofensiva a gran escala”, dijo a IPS el experto en inteligencia R. Hariharan, coronel retirado del ejército indio.

Observadores en Colombo están preocupados por la situación en Sri Lanka. “Una gran victoria militar o un atentado con bomba contra civiles sólo derivará en una guerra sin cuartel”, dijo a IPS el analista Rukshan Fernando, del instituto Law and Society Trust (LST), con sede en Colombo.

Rajapakse quizás intenta contener una avalancha de críticas internacionales sobre sus violaciones a los derechos humanos. Estadísticas del LST señalan que en los primeros ocho meses de este año se produjeron al menos cinco asesinatos y cinco secuestros por día, la mayoría en la septentrional Jaffna.

* por Amantha Perera (IPS)

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Secuestros que causan dolor a Colombia…

Diciembre 29, 2007

BOGOTÁ, 28 dic (IPS) – Mientras el mundo tiene los ojos puestos en la liberación de tres rehenes de la guerrilla colombiana, cientos de civiles de este país viven en el cautiverio del secuestro.

“Un secuestro no termina con el acto de liberación. En palabras de secuestrados que lograron libertad, la recuperación es larga, dolorosa y puede ser tan difícil como el tiempo de cautiverio”, dijo a IPS la psicóloga clínica Dary Nieto, de la organización no gubernamental País Libre.

“Por lo tanto es una obligación social respetar la intimidad y la dignidad de las personas liberadas, y en ello juegan un papel fundamental los medios de comunicación”, agregó.

Por razones políticas o extorsivas en Colombia fueron secuestradas durante la última década 23.256 personas, según estadísticas oficiales.

A las guerrillas izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se les adjudican 6.778 casos. Durante el mismo lapso hubo 5.138 secuestros a los que no se les establece responsables. El también izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) es acusado de 5.387 casos, mientras a la delincuencia común se le atribuyen 3.790 y a los ultraderechistas paramilitares, 1.163.

“Si consideramos a sus familias y dolientes, no es exagerado afirmar que la gran mayoría de colombianos, de una u otra manera, ha sido afectada por este delito”, agregó Nieto.

Aún así, la psicóloga considera que la indiferencia social ha sido razón para que el secuestro se haya mantenido a través del tiempo, fortalecido por la ausencia del Estado y la impunidad en este país que lleva casi medio siglo de guerra interna.

“Un 92 por ciento de impunidad envía un mensaje claro: el delito se comete y no se castiga”, complementó Olga Lucía Gómez, directora de País Libre.

En su opinión contribuyen además “problemas como la exclusión social y la ausencia de posibilidades laborales que facilitan la organización de grupos delincuenciales, que encuentran en el secuestro una fuente de ingresos” mientras otros pretenden poder y dominio.

“De cualquier manera se siente un intenso dolor de patria. En el caso de los secuestrados políticos, los soldados de Patascoy (en el sureño departamento de Nariño) cumplieron 10 años de cautiverio sin que se ponga en marcha una estrategia social y política que resuelva el problema”, dijo Nieto.

La psicóloga se refería a los 45 rehenes civiles, militares y policías, en manos de las FARC, a los que se suman tres contratistas estadounidenses que trabajaban en operaciones de contrainsurgencia en territorio colombiano.

Las FARC pretenden canjear a estos rehenes por unos 500 guerrilleros presos y, ante la negativa del gobierno de Álvaro Uribe a sus condiciones, ofrecieron este mes, de manera unilateral, liberar a tres de ellos, dos mujeres políticas, Consuelo González de Perdomo y Clara Rojas, y al pequeño hijo de ésta, Emmanuel, nacido en la selva de una relación con un guerrillero.

La experiencia de Nieto en la cuestión del secuestro se inició con el Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal, puesto en marcha por el ex mandatario Ernesto Samper (1994-1998), cuando este delito aumentó considerablemente.

Los antecedentes del secuestro en Colombia, según el historiador Juan Romero, se remontan a la conquista española, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada capturó en 1537 al zaque (rey del pueblo muisca) Quemuenchatocha, para exigir a sus súbditos la entrega de oro y esmeraldas.

En la década de 1970 el izquierdista Movimiento 19 de Abril (M-19), hoy desaparecido, realizó retenciones urbanas de impacto publicitario. A comienzos de los años 80 se produjo el auge de secuestros por parte de los “extraditables”, capos del narcotráfico que presionaban de este modo para que las autoridades no accedieran a entregarlos a la justicia de Estados Unidos.

El punto más alto de ese delito se registró a fines de los años 90.

De 1.038 secuestros registrados en 1996, en 1998 fueron 2.860 casos, extorsivos y políticos.

“Fue un tiempo en que municipios enteros eran sometidos por grupos al margen de la ley, al punto que las negociaciones entre secuestradores y las familias de secuestrados se hacían en lugares públicos. Todos sabían qué pasaba, pero había una gran impotencia ante los secuestradores, facilitada por la ausencia de Estado”, describió Nieto.

El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) enfrentó los peores momentos. En 1999 se registraron 3.205 casos, para alcanzar el tope máximo en 2000 con 3.572 secuestros.

Según el Ministerio de Defensa, ese año no se pudo establecer la responsabilidad de 1.073 plagios, mientras al ELN le adjudicó 916, a las FARC 849, a la delincuencia común 314, a los paramilitares 190, a grupos disidentes 178, y otros no especificados 52.

La caída de secuestros atribuidos a las FARC coincidió con la desmilitarización del municipio sureño de San Vicente del Caguán, decidida por el gobierno de Pastrana para negociar con esa guerrilla, y donde, en 2002, éstas secuestraron a la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt y a su compañera de fórmula Clara Rojas.

Fue “un momento político en el que, a pesar de las críticas, Pastrana reconoce a los grupos armados como interlocutores, otorgándoles un status político que contribuyó con la disminución del secuestro”, aseveró Nieto. “Pero también fue muy notoria la indiferencia general ante el secuestro. Muchos no eran registrados por la prensa y, cuando lo hacían, la gente no atendía. Una actitud que repercutió en su fortalecimiento como práctica constante”, continuó.

La población consideraba que si no pertenecía a grupos económicos o sectores sociales fuertes, o no habitaba ni accedía a regiones apartadas del país, estaba fuera de peligro.

“Somos una sociedad individualista, poco comprometida, con una mirada que en el mejor de los casos abarca la familia nuclear. Sin embargo, nuestras estadísticas dicen que los sectores medios son víctimas frecuentes”, sostuvo. “Creemos que lo malo le pasa a otros que cometen errores, y por lo tanto se lo merecen”.

Las estadísticas registran una paulatina disminución de secuestros a partir de 2002. En marzo de 2003 el gobierno de Uribe anunció su política pública contra el secuestro y la extorsión. En 2006 la cifra oficial de casos de este delito fue de 687.

El gobierno atribuyó 39 por ciento a autores desconocidos, y 30 por ciento a autores no establecidos, una diferencia sutil, a las FARC, 18 por ciento, al ELN, nueve por ciento, a grupos disidentes dos por ciento, a paramilitares uno por ciento, y a otros no determinados, uno por ciento.

Nieto advierte que las consecuencias de este delito deben considerarse de manera particular, según los antecedentes vivenciales de la víctima, el tiempo transcurrido y la modalidad del cautiverio.

“Una persona que ha vivido el secuestro se enfrenta a la intimidación constante, al sometimiento, a la pérdida de voluntad y todo lo que significa libertad, a no tener un proyecto de vida, no tomar decisiones, y esto sin duda la afecta “, asegura.

En el caso de los rehenes, hay sensación de total impotencia porque la solución depende de los acuerdos de otros.

Las familias de los rehenes realizan todo tipo de acciones para lograr un acuerdo humanitario que otorgue la libertad de sus parientes.

Un ejemplo es el profesor de geografía Gustavo Moncayo, el “caminante por la paz”, que ha recorrido miles de kilómetros a pie para hablar con Uribe, dormir en el suelo de la central Plaza de Bolívar, conseguir recursos para viajar a Europa, regresar a Colombia y seguir su camino hasta Venezuela.

Su propósito es impulsar la liberación de los rehenes, incluido su hijo Pablo, hoy de 29 años y capturado hace 10 en el Cerro Patascoy, junto con Libio Martínez los que llevan más tiempo en poder de las FARC.

Las víctimas de secuestro extorsivo enfrentan situaciones complejas, las cifras que exigen los captores generalmente superan su capacidad económica, pero en términos generales el tiempo de cautiverio es más breve, explican los especialistas.

Unos y otros son víctimas. Son “situaciones muy complejas que debemos dimensionar para no dejarnos confundir. No se trata de buenos y malos, sino de una implicación social en donde todos tenemos una fracción de responsabilidad”, afirma Dary Nieto.

En esto “no cabe el morbo, ni la especulación que se ha visto en la situación de Clara Rojas y su hijo Emmanuel. La dignidad y la intimidad deben ser respetadas si queremos un país mejor”.

“Porque el niño también hará un duelo, tendrá pérdidas, extrañará el entorno y se reacomodará con su familia a una nueva situación en el amor y la verdad. Hemos clamado su retorno, y lo menos que podemos ofrecerle es una vida normal. El quehacer de los medios debe ser inteligente, evitando expectativas que generen nuevas frustraciones”, concluyó Nieto.

* Por Helda Martínez (IPS)

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México no pasa la prueba antidroga

Diciembre 29, 2007

MÉXICO, dic (IPS) – Los esfuerzos realizados por el gobierno de México durante una década para eliminar, o al menos reducir de forma significativa, el narcotráfico y el consumo de drogas han conducido al fracaso.

En el último decenio, el consumo creció más de 50 por ciento, 11.800 personas fueron asesinadas entre 2000 y 2007 en conflictos vinculados con las drogas y los narcotraficantes mexicanos desplazaron a los colombianos como líderes en la venta a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial.

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“Un mundo libre de drogas, nosotros podemos hacerlo”, fue la consigna adoptada en 1998 durante la vigésima sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dedicada al problema global de las drogas ilegales.

En esa ocasión se acordó un plan de acción de 10 años que incluyó la cooperación entre los gobiernos, un ataque frontal a los vendedores y destrucción de plantíos.

También se adoptaron acciones para reducir el consumo, aunque según indican la mayoría de los análisis fue en los aspectos punitivos donde se puso mayor empeño.

México, como la mayoría de los países, aplicó esa receta, recurriendo incluso a las fuerzas armadas, a las que consideró únicas capaces de igualar el poder de los narcotraficantes. Asimismo, dedicó millones de dólares para controlar el lavado de dinero y vigilar los pasos fronterizos.

Durante los últimos 10 años fueron detenidas en este país más de 90.000 personas, acusadas de participar en la cadena del narcotráfico. Unas 40 fueron señaladas como importantes líderes de los grupos mafiosos.

Sin embargo, la meta fijada por la ONU de librarse en 2008 del problema de la droga, o al menos atenuarlo, no fue cumplida en México ni en la mayoría de países, afirmó el experto Wellington Medrano.

Es el momento de repensar las estrategias aplicadas o cambiar de enfoque, dijo a IPS este investigador formado en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Medrano recordó que hay propuestas alternativas a las estrategias actuales. Entre ellas citó la legalización de ciertas drogas, la aplicación de políticas dirigidas a atenuar los daños a los consumidores, además de privilegiar la educación y la prevención.

Asimismo, consideró que debe demandarse a la ONU tolerancia para que los países experimenten caminos propios. En 1998, la Asamblea General del foro mundial determinó que los compromisos asumidos deberán ser evaluados y, de ser necesario, redefinidos en 2008.

La Fundación Beckley, un centro de estudios británico que analiza las estrategias de lucha global contra las drogas, sostiene que es evidente el fracaso del enfoque concertado hace 10 años por la comunidad internacional.

Los gobiernos deberían “comunicar el hecho de que el uso de estupefacientes no se puede erradicar, pero que se debería encontrar la manera de minimizar sus daños”, dejando de lado la máxima moral sobre el deber de “eliminar el mal de las drogas”, señaló un informe de la Fundación.

El gobierno mexicano del presidente Felipe Calderón prometió que en 2008 continuarán las acciones punitivas contra el narcotráfico y que los militares seguirán como puntales de esa lucha. A su entender, lo único que quieren los vendedores de drogas es “esclavizar a la juventud”.

Su antecesor Vicente Fox (2000-2006), también había recurrido a las fuerzas armadas. Pero ha sido Calderón quien dio a los militares un grado de participación que no le habían otorgado otros mandatarios, si bien desde fines de los años 80 han actuado en este terreno.

El uso del ejército en una tarea básicamente policial dejó una estela de violaciones a las libertades fundamentales de las personas, indican informes de la estatal Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La estrategia de usar militares es avalada por el gobierno de Estados Unidos, promotor de los acuerdos adoptados por la ONU.

A partir de 2000, Washington financió el Plan Colombia, una estrategia antidrogas y contrainsurgente acordada con Bogotá.

A principios de noviembre de este año, la Iniciativa Mérida, negociada casi en secreto entre México y Estados Unidos, generó una fuerte polémica. Aunque se la presentó como un plan de ayuda antidrogas, también prevé controles migratorios y acciones contra el terrorismo.

El 21 de diciembre Calderón declaró que los soldados son el arma más poderosa contra las mafias y “el escudo protector que la ciudadanía necesita para vivir en paz”.

“La guerra contra las drogas no se gana o se pierde”, ya que se trata de una batalla interminable, dijo a IPS Jorge Chabat, un experto del Centro de Investigación y Docencia Económica.

Para Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, colocar a los militares a la cabeza de la política antidrogas no es una invención colombiana, ni mexicana, sino de Washington, que privilegia los aspectos punitivos sobre los preventivos y no acepta un cambio de estrategia.

“Hay que aclarar que no es la política del presidente Calderón. Es la política sobre drogas vigente en la mayor parte del planeta. Todos los países signatarios de las Naciones Unidas hacen lo mismo”, sostuvo Astorga en una entrevista con el diario Reforma.

La evidencia disponible indica que México es un ejemplo del fracaso de esas políticas, señaló Medrano.

“Un mundo libre de drogas, nosotros podemos hacerlo”, es una consigna que no tiene asidero en la realidad, afirmó.

Según estudios oficiales, 3,5 millones de mexicanos –de una población total de 104 millones– han probado drogas alguna vez, 500.000 lo hacen habitualmente y unos 280.000 son adictos severos.

El incremento del consumo fortaleció a los narcotraficantes locales, que desplazaron a los colombianos como los más poderosos de América Latina. Aunque varios jefes mexicanos fueron detenidos en los últimos años y en 2007 el gobierno hizo decomisos sin precedentes de drogas y dinero, el negocio permanece.

La violencia se incrementó durante la gestión de Fox, por disputas por los mercados y como respuesta a las acciones oficiales. Se cometieron 9.000 asesinatos. En el último año, con Calderón, fueron 2.800.

Se estima que ingresan a Estados Unidos unas 275 toneladas de cocaína al año y que sólo 36 son decomisadas en México, de donde sale más de 80 por ciento de la droga que abastece ese mercado.

* Por Diego Cevallos (IPS)

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El vídeogate promete más problemas para Bush

Diciembre 29, 2007

NUEVA YORK, 28 dic (IPS) – Una ex funcionaria de la Fiscalía General de Estados Unidos se sumó al reclamo de la comunidad legal de ese país por una investigación oficial sobre la destrucción de vídeos de interrogatorios a sospechosos de terrorismo a cargo de la CIA.

“Desaparecieron unos cinco millones de correos electrónicos enviados desde la Casa Blanca. Y ahora borraron los vídeos de los interrogatorios de la CIA (Agencia Central de Inteligencia). Esto es criminal”, aseguró Jesselyn Radack.

Esta ex funcionaria alcanzó notoriedad cuando objetó el tratamiento recibido por John Walker Lindh, estadounidense capturado en la invasión a Afganistán en 2001 y acusado de pertenecer a las milicias islamistas Talibán, que dominaban ese país desde 1996.

“¿Recuerdan cuando el Departamento (ministerio) de Justicia (Fiscalía General) acusó a la empresa Enron y la consultora Arthur Anderson por destrucción de evidencia y obstrucción de la justicia? Ahora está tratando de bloquear la supervisión del Congreso legislativo y los procedimientos legales en torno de este escándalo”, agregó.

Radack realizó sus comentarios en el lanzamiento de la campaña Abogados en Defensa de la Constitución. La iniciativa cuenta con el apoyo de más de 1.300 profesionales y estudiantes de derecho de todo el país, entre los que figuran el ex gobernador del estado de Nueva York, Mario Cuomo, del opositor Partido Demócrata.

También se sumaron a la campaña directivos de organizaciones legales y más de 100 profesores de derecho.

La petición dirigida a los presidentes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes (diputados) y del Senado, John Conyers y Patrick Leahy, propone el inicio de una investigación sobre “actividades inconstitucionales y potencialmente delictivas” por parte del gobierno de George W. Bush.

El denominado “vídeogate” estalló el 7 de diciembre. El sufijo “gate” se utiliza para bautizar a los escándalos desde el caso Watergate en los años 70, que forzó la renuncia del ex presidente Richard Nixon (1969-1974).

El diario The New York Times reveló que en 2005 la CIA había destruido al menos dos vídeos que registraban el interrogatorio de dos miembros de la organización terrorista Al Qaeda. En ese momento, legisladores y la justicia investigaban el programa de detenciones secretas de la agencia.

Los vídeos mostraban a miembros de la CIA usando “técnicas severas” de interrogatorio en 2002. El director de la agencia, Michael V. Hayden, señaló en un mensaje al personal que esos registros fueron destruidos, en parte por la preocupación sobre posibles consecuencias legales y porque ya no tenían valor como información de inteligencia.

El vídeogate plantea dudas sobre si funcionarios de la CIA ocultaron información sobre el programa de detenciones secretas al Congreso legislativo, los tribunales y la comisión que investigó los atentados del 11 de septiembre de 2001. La CIA argumentó que el Departamento de Justicia y el Ejecutivo aprobaron el uso de técnicas “severas” de interrogatorio antes de que se las usara con los prisioneros.

Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales, que brinda ayuda y asesoramiento legal a los detenidos en la prisión instalada en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, también reclamó una investigación exhaustiva.

“Por mucho tiempo el Congreso legislativo ha sido funcional al gobierno de Bush en su ignorancia de derechos constitucionales básicos: no ser sometido a torturas ni a escuchas ilegales, no ser encarcelado sin la garantía del hábeas corpus, ni desaparecer en lugares secretos. Están en juego principios que se remontan a la Carta Magna”, la norma fundamental de Inglaterra sancionada en 1215 y base del derecho constitucional estadounidense.

Ratner pidió a los legisladores que “hagan su trabajo: defender a la Constitución de sus enemigos. El gobierno de Bush es su enemigo”.

“El Congreso legislativo tiene el deber constitucional de supervisar las acciones del Ejecutivo. Nuestro sistema de gobierno se ve amenazado cuando el Congreso se retrae ante un presidente obstinado”, agregó.

Marjorie Cohn, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados, dijo a IPS que “desde la guerra ilegal en Iraq y la tortura ilegal a prisioneros, hasta la destrucción ilegal de evidencia por parte de la CIA, el gobierno de Bush se ha convertido en una institución de violadores de la ley”.

Cohn es autora del libro “Cowboy Republic: Six Ways the Bush Gang Has Defied the Law”, (“República Cowboy: Seis formas en que la pandilla de Bush ha desafiado a la ley”).

Radack alcanzó notoriedad pública durante el caso de Lindh. Un tribunal había ordenado que se entregaran todos los documentos relativos a su interrogatorio. Al descubrir que no se había acatado esa orden judicial, Radack denunció el hecho. Fue obligada a renunciar a su cargo en el Departamento de Justicia.

“Mis correos electrónicos documentan que desaconsejé interrogar a Lindh sin la presencia de un abogado. Se cometió una falta ética al hacerlo. Mis correos electrónicos y los vídeos de la CIA fueron destruidos porque había funcionarios preocupados por esta evidencia del uso de métodos cuestionables de interrogatorio, que podría colocarlos en un riesgo legal”, afirmó.

Jonathan Turley, profesor de derecho de la Universidad George Washington, señaló que si cuatro abogados de la Casa Blanco discutieron la destrucción de los vídeos de la CIA, tal como lo señaló The New York Times, se habrían cometido seis delitos.

Turley los detalló: “Obstrucción de la justicia, obstrucción del Congreso, perjurio, conspiración, falso testimonio y, lo que frecuentemente se olvida, tortura de sospechosos”.

“Si esto ocurrió, son delitos que fueron probablemente ordenados por el presidente en persona, ya que sólo él puede disponer la aplicación de técnicas especiales de interrogatorio”, afirmó.

* Por William Fisher (IPS)