La francesa Odette Klysinska, seguidora de la fe católica, agarra con fuerza su testamento, sentada en el salón de su casa en un acomodado barrio de Beirut, escandalizada de que el documento no sea legalmente válido en este país, que considera suyo.
Klysinska, casada con un druso, una minoría religiosa de Líbano, sufre el “estatus de la ley personal”, que prohíbe a católicos, sunitas y chiitas legar sus posesiones o propiedades a su descendencia de diferente confesión.
“¿Cómo se puede prohibir a una madre ayudar a sus propios hijos después de morir? Es inconcebible”, dijo a IPS incrédula.
La ley personal de Líbano, que incluye matrimonio, herencia y divorcio, se rige por 10 códigos religiosos diferentes aplicados a 17 grupos religiosos, varios de ellos sujetos a una única jurisdicción.
La norma es consecuencia del Imperio Otomano y del régimen colonial, según la abogada libanesa Amal Takieddine, y dio pie a las sangrientas guerras vividas por Líbano.
El Imperio Otomano de la década de 1830 dio a los judíos, armenios, cristianos ortodoxos y a los musulmanes sunitas la autoridad exclusiva sobre la ley de familia, explicó.
En los primeros años del siglo XX, las potencias europeas ampliaron la cantidad de sectas reconocidas en Líbano a 17, dejando a unos pocos líderes religiosos las libertades civiles.
Klysinska no es la única que sufre esta situación. Una gran cantidad de personas de diversas confesiones y orígenes padecen la rígida legislación divisiva.
Hassan, quien no quiso dar su nombre completo, es de origen sunita, pero debió hacerse chiita para que su hija de 20 años pudiera heredar todos sus bienes.
La comunidad sunita prohíbe los testamentos y solo permite que la mujer reciba una fracción específica de la herencia familiar, el resto queda en manos de los hijos varones.
La joven drusa Nibal Khodr debió hacer frente a una difícil situación cuando su esposo murió en un accidente de motocicleta y no pudo ser la única guarda y custodia de su hijo.
Ahora, cada decisión económica que toma en representación de su hijo menor de edad requiere de la aprobación, por escrito, de un clero druso local o de un jeque.
“El sistema de la ley personal es arcaico y trata a la gente como infrahumana. Por suerte tengo otra nacionalidad que me otorga cierta protección”, indicó Klysinska.
Según Tony Daoud, director de CHAML (Jóvenes ciudadanos libaneses no violentos y no sectarios), la mayoría de las leyes de este país niegan a las madres la custodia exclusiva de sus hijos tras la muerte del cónyuge. Además, sus derechos limitados pueden ser fácilmente revocados con argumentos como “dudosa reputación” o si se vuelven a casar.
Las leyes personales libanesas también ahogan las libertades básicas, como el derecho a decidir cómo disponer de los restos de un ser querido.
Las comunidades ortodoxas y musulmanas no permiten la cremación, aun si fue explicitado por el difunto en un testamento escrito. La práctica, en cambio, es aceptada por la Iglesia Católica y los protestantes.
“Esta situación generó desigualdad entre la gente y favorece la confusión”, remarcó Takieddine.
La legislación impide a Klysinska incluir en su testamento a su hija drusa, pero los hombres de esta comunidad pueden legar su herencia a quien más les plazca.
Cuando no hay testamento, los asuntos relativos a la herencia se remiten a ley islámica, según la cual los descendientes varones tienen derecho al doble de la parte correspondiente a las mujeres de la familia.
Las iglesias cristianas, en cambio, tratan a hombres y mujeres por igual en lo que respecta a las leyes de la herencia matrimonial.
“Ante la falta de una ley clara para todos, la gente recurre a vacíos legales en la legislación existente, como convertirse a otra religión o vender en vida los bienes a sus hijos”, añadió Takieddine.
En un intento por reformar el sistema, CHAML contribuyó con un proyecto de ley sobre matrimonio civil, adopción y herencia, que fue enviado al parlamento en 2011 y que está a estudio de una comisión legislativa.
No es de sorprender la fuerte oposición de organizaciones religiosas, como el chiita Hezbolá (Partido de Dios) y el sunita Hez al-Tahrir, a la propuesta, que, según ellas, “contradice la sagrada shariá” (ley islámica).
Pero “una ley civil sobre el estatus personal es uno de los principales pilares de un estado civil y unificado”, arguyó Takieddine.
La multiplicidad de leyes al respecto creó una sociedad en la que las personas se identifican más con comunidades religiosas que con el propio Estado dándoles a ellas un mayor control sobre las libertades civiles.
“Todo sentimiento de parentesco y lealtad en la sociedad se concentra en los grupos religiosos”, remarcó Takieddine. La sanción de una ley civil puede rectificar este problema, así como promover el tan necesitado diálogo y unidad entre las comunidades, que todavía se recuperan de una guerra civil de 15 años, que se extendió de 1975 a 1990.
Una legislación civil contribuirá a liberar a los jóvenes del control sectario en un país dividido por la religión, lo que podría llevar a una relajación de las muy divisivas afiliaciones confesionales y del poder político sin restricción de las comunidades religiosas.
“Muchas de las guerras de Líbano tienen un profundo origen en la ley personal del país, que nutre un sentimiento de temor entre los miembros de varias comunidades. El matrimonio civil y la unificación de una ley civil se traducirán en una sociedad más estable que goce de libertad de elección”, indicó Daoud.
* Texto por Mona Alami, BEIRUT, enero 2012 (IPS)
