La guardería en El Pozón no es exactamente lo que uno espera encontrar en un vecindario ocupado por algunos de los colombianos más oprimidos. Colmado con la alegría de los niños , este refugio infantil podría estar casi en cualquier otra parte del mundo.
Entre pantanos infestados con mosquitos que se inundan en temporada de lluvias, se encuentran los cambuches, simples chozas hechas con pedazos de madera, metal y cualquier otro material que pueda utilizarse para erigir una vivienda que muchos de aquellos niños y sus familias llaman hogar.
El drama de los desplazados en Colombia, la peor crisis humanitaria del Hemisferio Occidental y el segundo caso más grande de desplazados en el mundo, es primordialmente una crisis de vivienda. Una década después de la decisión de la Corte Constitucional colombiana que obligó al estado a reconocer y empezar a responder al problema, el gobierno ha logrado proveer salud y educación. Pero en términos de las condiciones de vivienda de los 2.3 millones de desplazados (3.8 millones, según organizaciones no gubernamentales) el progreso en proveer agua potable, sistema de alcantarillado y techo ha sido muy lento.
Un informe del gobierno reveló que 80 por ciento de los desplazados en Colombia tienen acceso a la salud y la educación. Ochenta y un por ciento de niños recién nacidos y hasta los siete años de edad han recibido las vacunas necesarias y el 86 por ciento entre los cinco y 17 años asisten a la escuela regularmente.
Pero a pesar de que el gobierno ha asignado el 90 por ciento del dinero presupuestado para subsidios de vivienda de los desplazados, solo ocho por ciento han encontrado una vivienda “digna”. Según Marco Romero, líder de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento con sede en Bogotá, el costo promedio de una vivienda pequeña en Colombia es de $20 millones de pesos ($10,000 dólares) mientras que el subsidio promedio de vivienda para los desplazados es entre $7 y $8 millones de pesos (cerca de $3.500 dólares).
El principal diario de Colombia, El Tiempo, reveló que el gobierno estaba a punto de darle a inversionistas privados una tierra que el Presidente Álvaro Uribe había prometido hace cuatro años a los desplazados.
Este incidente sugirió un compromiso a medias con su propia política de reasentamiento.
Más aún, la política detrás del subsidio de vivienda pretende que los desplazados lo suplementen de alguna forma con sus propios ingresos. Pero para la mayoría de los desplazados recoger fondos adicionales para comprar vivienda ha demostrado ser casi imposible.
La excepción que confirma la regla se encuentra a 20 minutos de El Pozón, en la Ciudad de las Mujeres. Allí un grupo conocido como la Liga de Mujeres Desplazadas reunió sus subsidios de vivienda, los complementó con asistencia internacional, en particular de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, y a través de su propio trabajo, incluida la fabricación de bloques de cemento, logró construir viviendas para unas 500 personas.
La ciudad, muchos de cuyos residentes vivían antes en El Pozón, ahora se erige detrás de una nuevo proyecto habitacional. “Fuimos nosotras las que le dimos la posibilidad de desarrollar la infraestructura”, afirmó Patricia Guerrero, fundadora de la liga. En vista de la reacción pública posterior, el gobierno nombró en cambio una comisión para evaluar el mejor uso de la tierra. La comisión hará bien en considerar el éxito de la Ciudad de las Mujeres, donde los desplazados, con el apoyo adecuado, demostraron que podían ser inversionistas mucho más motivados.
* Texto de Marcela Sanchez (29 Feb.2008)
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