Clamor por acuerdos antipobreza

Dos décadas después de firmados los Acuerdos de Paz que incluían compromisos sociales, El Salvador afronta tan altos niveles de pobreza e inseguridad que lleva a líderes sociales y académicos a proponer un nuevo pacto para superar la crisis.

Acto de la firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992 / Crédito:Cortesía de PNUD

(Acto de la firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992, Crédito: Cortesía de PNUD)

Ese esfuerzo, dicen los analistas, tendría que recoger el espíritu negociador y la voluntad de ceder que tuvieron entonces la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994) para dejar atrás 12 años de guerra civil, que dejó alrededor de 70.000 personas muertas y 8.000 desaparecidas. 
A pesar de estar en las antípodas ideológicas, el FMLN, ahora en el gobierno encabezado por Mauricio Funes, y la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) llegaron a un consenso y firmaron el 16 de enero de 1992 en México, con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, los acuerdos para pacificar el país e intentar recuperar la economía devastada. 

Los tratados establecieron las bases para el tránsito democrático de un país que, antes de eso, se caracterizaba por un militarismo desmedido que era el poder detrás de trono, siempre defendiendo los intereses de los grupos oligárquicos, mientras amplios sectores de la sociedad era perseguidos a sangre y fuego solo por querer cambiar esa situación de injusticia. 

“Si fuimos capaces de vencer la brutalidad bélica a través del diálogo, también podemos vencer la pobreza, la desigualdad y la violencia a través de diálogos y decisiones concertadas”, escribió el analista José María Tojeira en una columna editorial en La Prensa Gráfica. 

La celebración del 20 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz se da en medio de una aguda crisis económica y una ola imparable de homicidios, que ha puesto al país en la lista de los más violentos del mundo, con 70 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales del Instituto de Medicina Legal. 

La pobreza afecta a 36,5 por ciento de los seis millones de salvadoreños, 11,2 por ciento de los cuales son indigentes, según cifras de 2011 del Ministerio de Economía. 

“Lo que necesitamos es profundizar la democracia que iniciamos hace 20 años… hay grandes retos, pero también oportunidades”, dijo a IPS la diputada Nidia Díaz, del Parlamento Centroamericano, integrante de la dirección rebelde que suscribió el histórico pacto en el castillo de Chapultepec, México. 

Por su parte, el general retirado Ernesto Vargas, otro firmante como miembro de la comisión gubernamental, sostuvo que una nueva negociación en la que participen todos los actores no solo es viable sino necesaria, dado el enorme reto de superar los agudos problemas por los que atraviesa el país. 

“El enfoque tiene que ser institucional, un acuerdo de país… sin ideologías, motivado solo para tener una mejor nación”, tal como ocurrió hace dos décadas, apuntó Vargas a IPS. 

Fruto de los acuerdos de 1992 se crearon instancias como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública para entrenar con una nueva visión civil a los efectivos de esa fuerza, en la que participan guerrilleros y soldados desmovilizados. A parte de los insurgentes les entregaron tierras para cultivos. 

También se establecieron mecanismos para volver más transparente y eficaz el sistema judicial, que sufría el lastre de años de corrupción y manipulaciones políticas. 

Sin embargo, la justicia sigue dos décadas después de ese pacto sufriendo de los mismos males, aseguran analistas locales e informes internacionales como el del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, que anualmente recoge las taras que aún se dan en esta materia en el país. 

“En la medida que la (conformación de la) Corte Suprema de Justicia queda en manos de la Asamblea Legislativa, sujeta a los acuerdos de cúpulas partidarias, también obedecen a esos intereses”, dijo a IPS el director de la Iniciativa Social para la Democracia, Ramón Villalta. 

Tras arduas negociaciones previas, y a regañadientes, la cúpula militar aceptó entonces reducir el número de sus efectivos y apartar de las filas a los miembros y unidades responsables de violaciones a los derechos humanos, entre ellas masacres como la de El Mozote, perpetrada en diciembre de 1981 por el Batallón Atlacatl y donde fueron asesinados alrededor de 1.000 personas. 

Precisamente este lunes 16 el presidente Funes tiene previsto pedir perdón a la población salvadoreña en nombre del Estado por esa matanza, en el marco de las actividades oficiales por los 20 años de paz. 

El FMLN, a cambio del redimensionamiento de entonces de la Fuerza Armada, aceptó entregar las armas e insertarse a la vida política del país como una agrupación legal, proceso que tuvo su punto culminante en el triunfo en las elecciones presidenciales de marzo del 2009, que puso al moderado Funes al frente del país. 

Un factor clave para terminar con la guerra civil fue la presión internacional, sobre todo para que los militares aceptaran concesiones, que se intensificó tras el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, cometido en 1989 por una unidad de élite de la Fuerza Armada, en medio de la más feroz ofensiva guerrillera que paralizó al país por tres semanas. 

Analistas sostienen ahora que, pese a las lecciones dadas por los acuerdos de paz de hace dos décadas, encontrar consensos sigue siendo complicado en un país como El Salvador, donde aún persisten las posturas ideológicas férreas. 

“En este momento no es viable una negociación para buscar nuevos acuerdos, no hay la necesaria correlación de fuerzas”, explicó a IPS el analista Dagoberto Gutiérrez, excomandante guerrillero que también integró la mesa de negociaciones de entonces. 

“El poder económico y político solo negocia cuando es necesario e inevitable, y en este momento, no lo es”, agregó. 

Los Acuerdos de Paz desmontaron la guerra, que era la necesidad más apremiante, pero no abarcó cambios de fondo en el área económica que pudieron llevar a un nuevo paradigma en el país. 

“Para entrarle al cambio en el tema económico, se necesitan otros 20 años más de guerra”, argumentó Gutiérrez. 

El politólogo Salvador Samayoa, otro firmante en 1992, fustigó a quienes critican que los acuerdos “solo” resolvieron la guerra y no incluyeron aspectos de tipo económicos y sociales más contundentes, una crítica bastante generalizada desde 1992. 

“Como si (detener la guerra) se tratara de algo muy fácil de lograr, o de algo que tuviera muy poca importancia… pregúntenle a su madre, si pudiera viajar al pasado y lograr que no le hubieran matado a su hijo, si eso habría sido lo menos”, escribió en El Diario de Hoy.

 

 

* Por Edgardo Ayala , SAN SALVADOR, 13 enero 2012 (IPS) 

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