La denuncia por las Naciones Unidas del aumento de las violaciones de los derechos de los niños en la República Centroafricana (RCA) revivió un tema que, pese a las advertencias, continúa siendo un problema grave para el mundo.
Y es que el asunto resurge como «la mala espina», sobre todo, en aquellos países donde la institucionalidad se quiebra ante la debilidad de las estructuras o, como es el caso, mediante el uso de la fuerza de elementos armados.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que los pequeños son reclutados, amenazados, abusados y drogados para combatir en conflictos étnicos, religiosos, entre narcotraficantes o contra gobiernos, desde los siete años de edad.
La representante especial de la Secretaría General de la ONU para Conflictos Armados, Leila Zerrougui, denunció que tras la ofensiva militar de la coalición opositora Seleka en marzo se incrementaron en la RCA los asesinatos, agresiones sexuales y el reclutamiento infantil.
«Los niños, uniformados y armados, son obligados a patrullar, llevar a cabo controles y participar en saqueos», denunció la funcionaria en coincidencia con organizaciones de la sociedad civil centroafricana que venía realizando denuncias de pillajes y violencia.
Según Zerrougui, se confirmó la presencia de niños en las filas del grupo armado en diferentes ciudades del país, controladas por la agrupación que hoy ostenta el poder.
Para la representante del secretario general, Ban Ki-moon, en el país del centro de África prevalecen la anarquía e inseguridad que constituyen «caldo de cultivo» para el reclutamiento de los pequeños.
En ese sentido instó a los mandos militares a liberar con urgencia a los niños «que están entre sus filas», además de exigirles abstenerse de «continuar reclutando y utilizando» a los menores.
Un impacto negativo inmediato tras el golpe recayó en el sector escolar con el cierre de muchos centros de enseñanza que dejó sin acceso a la educación a unos 166 mil menores de edad.
Unicef alertó que al menos 250 mil niños que comenzaron la primaria en el curso 2012-2013 y unos 30 mil del nivel secundario pueden perder el año escolar a consecuencia del conflicto.
En un comunicado, Unicef demandó a las autoridades golpistas centroafricanas a adoptar «acciones rápidas» para reabrir las escuelas a fin de evitar que alrededor de 300 mil pequeños pierdan el año lectivo.
La situación resulta tan complicada que la ONU llamó la atención acerca de que dos millones de infantes de la RCA requieren de ayuda humanitaria urgente.
Según el ente mundial, tras la ofensiva lanzada en diciembre último por la colación, aumentaron los ataques contra civiles y las violaciones de los derechos humanos.
LA OFENSIVA DE SELEKA
El 24 de marzo las fuerzas de Seleka, estimadas en unos tres mil efectivos, lanzaron una ofensiva a gran escala contra Bangui, la capital de la República Centroafricana, y tomaron el control del país tras la huida del presidente François Bozizé y sus más allegados al exterior.
Esta era la segunda vez en apenas cuatro meses que el movimiento opositor movilizaba sus tropas contra el gobierno, pues en diciembre de 2012 esa guerrilla avanzó hacia la capital hasta ubicarse a solo 75 kilómetros, luego de ocupar ciudades en el norte y centro del país.
Después de intensas gestiones mediadoras de la Comunidad Económica de los Estados del África Central y organismos internacionales y regionales, los guerrilleros, la oposición política y el Ejecutivo firmaron en enero un acuerdo de paz en Libreville, la capital de Gabón.
Entre los arreglos se pactó el desarme y desmovilización de los hombres de Seleka, que comenzaría a finales de febrero, previa retirada hacia tres áreas de reagrupación acordadas con anterioridad. El gobierno, a cambio, prometió mediante decreto liberar a los presos políticos y levantar el toque de queda impuesto, ambas demandas reclamadas por los guerrilleros.
En Gabón los contendientes acordaron, además, y quizás lo más importante por su trascendencia, la constitución de un gobierno de unidad compuesto por los líderes rebeldes, opositores civiles y los seguidores de Bozizé.
Los insurgentes reanudaron los ataques a finales de marzo bajo el argumento de que el jefe de Estado incumplió los compromisos de Libreville, incluido el retiro de efectivos ugandeses y de unos 500 militares sudafricanos que su misión era la de reforzar al ejército centroafricano.
De estos últimos, 13 soldados fallecieron en los combates del 24 marzo contra los rebeldes cuyo líder, Michel Djotodia, se autoproclamó gobernante y anunció que se mantendrá en el poder hasta el 2016, cuando convocará a elecciones presidenciales.
De diferentes partes del mundo y el continente africano llegaron las voces de condena como el Comité de la Internacional Socialista para África, que censuró de manera enérgica el golpe de Estado.
En un comunicado dado a conocer por el titular de dicha institución para la región, Emmanuel Golou, exigió el regreso al orden constitucional.
El texto señaló que después de un minucioso análisis de los acontecimientos, el Comité de la Internacional Socialista para África mostró su indignación «contra las exacciones, el pillaje y las pérdidas de vidas humanas durante la ocupación del Palacio Presidencial por los rebeldes».
Asimismo lamentó la muerte de soldados sudafricanos, que junto a otros militares extranjeros, estaban encargados de velar por el orden constitucional.
En el mensaje, el órgano exhortó a las nuevas autoridades centroafricanas a trabajar para la restitución inmediata de la democracia, con una transición inclusiva en el menor tiempo posible y realizar elecciones generales democráticas y transparentes, sin la participación de los actuales dirigentes.
Los ministros del Exterior de África Central, mientras, prosiguieron con las gestiones diplomáticas a comienzos de mayo en Brazzaville, República del Congo, en una reunión que incluyó a la Unión Africana y las Naciones Unidas.
La cita del denominado grupo de contacto tuvo como centro de debate la situación de seguridad en la RCA.
LOS NIÑOS Y LA GUERRA
La denuncia de la ONU sobre el aumento de las violaciones de los derechos humanos de los niños en la República Centroafricana es una nueva carga que se suma a un fenómeno nada nuevo y que afecta a miles de infantes en el mundo.
Datos cifran en más de 300 mil los menores que hoy participan en conflictos armados, de los que una buena parte corresponden a las llamadas niñas soldados.
Secuelas síquicas y físicas sufridas por esos infantes impactan tanto en su futuro personal como en sus comunidades y lastran sus posibilidades de desarrollo.
En un intento por erradicar el reclutamiento de menores en los conflictos armados, en una reunión celebrada en 1997 Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se recomendó que los gobiernos y las comunidades de los países afectados adoptaran las medidas adecuadas para terminar con esa forma de violación de los derechos de la infancia.
Allí se estableció que cada 12 de febrero se celebrara el Día Mundial contra la Utilización de Niños y Niñas Soldados, paso considerado importante para crear conciencia y evitar la utilización de menores, de un modo u otro, en conflictos armados.
Hasta el presente 142 países han ratificado el Protocolo facultativo de las Naciones Unidas sobre la participación de menores en conflictos armados.
Esa herramienta está considerada como el instrumento jurídico más importante para los menores obligados a participar en conflictos armados.
El texto obliga a los Estados signatarios a priorizar la promoción de los derechos humanos y la protección de los grupos más vulnerables como el de los menores de edad.
Asimismo, exhorta a tener en una dimensión fundamental para luchar contra esta realidad la rehabilitación y la reinserción de los niños y niñas soldados, además de la prevención y desmovilización.
La ONU mantiene su objetivo de lograr en 2015 que los Estados limpien sus ejércitos de niños.
* Por Juan Carlos Díaz Guerrero
*Jefe de la redacción Africa y Medio Oriente de Prensa Latina.
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