Censura potencia epidemia VIH en Rusia

 Las críticas se suceden en Rusia ante la ofensiva del gobierno contra los medios de comunicación, en particular los portales informativos de Internet especializados en salud que divulgan métodos de reducción de daños para usuarios de drogas.

Algunos opositores sostienen que el «silenciamiento draconiano» de los defensores de la salud pública puede empeorar una situación sanitaria ya riesgosa en el país. 

La campaña es «en torno a la metadona, lisa y llanamente», dijo a IPS la presidenta de la Fundación Andrey Rylkov, Anya Sarang. 

El sitio web de su organización, que se dedica a brindar información a usuarios de drogas intravenosas, fue clausurado a comienzos de este mes. 

La orden de darle de baja a ese portal en idioma ruso llegó el 3 de este mes del Servicio Federal de Control de Drogas del Departamento de Moscú, supuestamente para impedir «la colocación de materiales que publiciten el uso, distribución e incitación a la droga». 

Lejos de esos argumentos, la Fundación promueve las estrategias de reducción de daños y ha sido una manifiesta crítica de la prohibición impuesta por el gobierno ruso a la metadona. 

Su sitio web publicaba con frecuencia investigaciones nacionales e internacionales que demostraban que la metadona reduce el riesgo de VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida) entre los usuarios de heroína y otros opiáceos, además de ayudar a las personas a continuar los tratamientos contra el sida y la tuberculosis. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la metadona es una sustancia esencial para tratar la dependencia de la heroína e impedir la transmisión del VIH reduciendo la práctica de inyectarse. Pero la política del gobierno de «tolerancia cero» a las drogas ilegales estancó el uso de la metadona en todo el país. 

Dado que actualmente Rusia tiene una de las poblaciones más grandes de usuarios de drogas inyectables en el mundo, así como una de las epidemias de VIH de más rápido crecimiento, la divulgación de esa información es esencial para mantener controlado el avance del virus. 

Algunos expertos estiman que para 2015 habrá casi 1,7 millones de personas infectadas con el VIH si las tendencias actuales siguen sin modificarse. Otros creen que incluso estas estadísticas oficiales son conservadoras. 

Se estima que 980.000 personas viven con VIH en Rusia. En algunas regiones, hasta 80 por ciento de los infectados con VIH contrajeron el virus a través de jeringas contaminadas, dijo a IPS la analista en derechos humanos Eka Iakobishvili, de la organización Harm Reduction International, con sede en Londres. 

«Durante años, defensores de los derechos humanos como la Fundación Andrey Rylkov sostuvieron que el colosal fracaso de Rusia en brindar servicios vitales a (los usuarios de drogas) es una violación a sus obligaciones bajo el derecho internacional de respetar, proteger y cumplir con el derecho a la salud», declaró Sarang a IPS. 

«La campaña del gobierno contra los activistas por la salud pública ahora convirtió el asunto en una (violación a nuestra) libertad de expresión también», agregó. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluyó el tratamiento universal para las personas que viven con VIH/sida entre sus Objetivos de Desarrollo para el Milenio, a cumplir para 2015. 

Los activistas sostienen que el hecho de que Rusia no permita informar o dar servicios que ayuden a los consumidores de drogas viola las leyes internacionales sobre derechos humanos y salud pública. 

«Nos preocupa mucho el cierre del sitio web, que es uno de los muy pocos en idioma ruso que brindan información precisa sobre el tratamiento (para usuarios de) drogas, en particular usando metadona», dijo a IPS el investigador Diederik Lohman, de Human Rights Watch (HRW). 

Para Lohman, el gobierno suele dar información errónea sobre terapias que utilicen la metadona, diciendo que son inútiles y peligrosas, pese a que la OMS, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida (Onusida) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito recomiendan su uso por ser el método más efectivo. 

Como la Fundación es una organización de la sociedad civil, que responde directamente a las necesidades de la población local, «la clausura de su sitio web probablemente tendrá un doble impacto en la sociedad rusa», dijo Iakobishvili a IPS. 

«El primero sería (silenciar) la voz democrática que se opone a las actuales políticas del gobierno en materia de salud y justicia social. Y el segundo sería privar a miles de personas de información (vital) sobre temas de salud, que el sitio web brinda a diario», añadió. 

De hecho, Lohman cree que el gobierno ha exacerbado la epidemia de VIH/sida en el país al arremeter contra el debate público sobre intervenciones clave en cuestiones de salud. Miles de personas que murieron en los últimos años podrían haberse salvado si el gobierno hubiera permitido adecuados tratamientos y programas preventivos, planteó. 

Los académicos también están muy preocupados por lo que está ocurriendo en Rusia. 

Por ejemplo, Evan Wood, del Centro para la Excelencia en VIH/Sida y profesor de medicina en la canadiense Universidad de Columbia Británica, dijo a IPS que ahora se estima que casi uno de cada 100 adultos en el país es VIH positivo. 

Esto se debe, en buena medida, a que intervenciones científicamente probadas de prevención del VIH, como la metadona, son ilegales, añadió. 

Wood está convencido de que la decisión de las autoridades de censurar el sitio de la Fundación fue una clara violación a la libertad de información y es otro «ejemplo horrendo» de por qué la epidemia de VIH está tan arraigada en la región exsoviética. 

Según varios informes, Europa oriental y Asia central registran el crecimiento más rápido de casos de VIH en el mundo, y Rusia representa entre 60 y 70 por ciento de la epidemia. 

 

* Por Kester Kenn Klomegah, MOSCÚ, Febrero 2012 (IPS)

Chile esterilizó a mujeres con VIH

Cuando Francisca llegó al hospital de Curicó, en la central región chilena de Maule, para dar a luz a su primer hijo, no imaginó que ése sería el único que tendría.

Cuando se estaba recuperando del parto, entró una enfermera a la sala. «Después de preguntarme cómo me sentía, me dijo que me habían esterilizado y que ya no podría tener más hijos», recuerda en un informe presentado el jueves por el Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York, y la organización no gubernamental chilena Vivo Positivo. Eso ocurrió en 2002. Francisca (nombre ficticio) tenía entonces 20 años y, junto con su esposo, quería tener más hijos.

Pero, según el informe, el cirujano que la atendió la esterilizó durante la cesárea, sin pedirle permiso, por ser VIH positiva.

«Me trataron como si fuera menos que una persona», dijo la mujer. «No fue mi decisión poner fin a mi fertilidad; me la quitaron».

La historia de Francisca no es un hecho aislado, dijo Suzannah Phillips, una de las autoras del informe, que documenta casos de tratos discriminatorios a madres con VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida).

El informe, titulado «Dignity Denied» (Dignidad negada), señala que la esterilizaciones forzadas a mujeres VIH positivas en Chile eran habituales antes de 2000, cuando se revisaron sus leyes sanitarias para incluir el concepto de «consentimiento informado».

Éste consiste en un proceso de comunicación por el cual los pacientes autorizan voluntariamente un tratamiento luego de haber sido asesorados adecuadamente sobre todas las opciones posibles.

Pero la práctica continuó: en un estudio de Vivo Positivo de 2004, 29 por ciento de las participantes –mujeres seropositivas– dijeron que sus proveedores de servicios de salud las presionaron para esterilizarse, mientras que 12,9 por ciento dijeron haber sido esterilizadas sin mediar su consentimiento.

Vasili Deliyanis, coordinador ejecutivo de Vivo Positivo, dijo a IPS que, por un lado, Chile «es uno de los países que más ha bajado la tasa de nacimientos de bebés seropositivos», gracias a la aplicación de un protocolo sobre transmisión vertical. Pero, por otro, las chilenas con VIH siguen siendo discriminadas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, aseveró.

Para María Eugenia Calvin, de la no gubernamental Fundación Educación Popular en Salud (EPES), las esterilizaciones sin consentimiento son sólo la expresión más grave de un problema más profundo.

En Chile «no hay programas específicos dirigidos a las mujeres que viven con VIH en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos», planteó la asistente social, coautora de varias investigaciones sobre el tema.

Pese a que la normativa de salud en Chile incorpora el enfoque de género y de derechos, y que la atención de las personas viviendo con VIH es buena en el país, «hay limitaciones en el abordaje» de la realidad particular de estas mujeres, enfatizó Calvin.

Ellas no están incluidas, por ejemplo, en las orientaciones del Ministerio de Salud sobre atención humanizada del parto, planteó, lo cual se hace necesario debido a las diversas restricciones que sufren en este proceso, como no poder amamantar al recién nacido.

En el marco de un estudio sobre violencia contra las mujeres y feminización del VIH/sida, publicado en 2009, EPES entrevistó a 102 chilenas viviendo con esta enfermedad.

Algunas de ellas contaron experiencias de esterilizaciones sin consentimiento y de presiones del personal de salud para realizarse el procedimiento, aseguró Calvin.

Calvin también llamó la atención sobre la falta de programas de prevención del VIH/sida orientado a las mujeres, señalando que las campañas nacionales contra esta enfermedad aún se concentran en los hombres que tienen sexo con hombres.

Aunque el informe «Dignity Denied» se centra en Chile, Phillips dijo a IPS que los 27 casos que incluye son representativos de una tendencia mundial que «probablemente surgió en la última década».

Desde el estudio de 2004, madres seropositivas a las que esterilizaron por la fuerza presentaron demandas en República Dominicana, México, Namibia, Sudáfrica y Venezuela. Phillips dijo a IPS que estas prácticas discriminatorias también son comunes en partes de Europa oriental y Asia.

Pero a causa del estigma que rodea al VIH/sida y al temor a represalias, las mujeres suelen ser reticentes a relatar esos maltratos. A consecuencia, «es difícil obtener datos estadísticos para saber realmente cuán generalizado es el fenómeno», dijo Phillips.

«Las esterilizaciones forzadas no sólo son una violación fundamental a los derechos reproductivos de una mujer; tienen pocos beneficios en términos de prevención del VIH», señala en el reporte Yakin Ertürk, ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer.

Durante el primer año posterior al nacimiento de su hijo, Francisca no dijo nada sobre su esterilización forzada, señaló Phillips. Sólo cuando Vivo Positivo la contactó en una clínica donde recibía tratamiento antirretroviral empezó a saber más sobre sus derechos reproductivos y finalmente compartió su experiencia.

Phillips explicó a IPS que ella y sus coautores hallaron una «rampante» falta de concientización e información errónea en Chile, aún entre los propios profesionales de la salud, que no cuentan con la formación necesaria para tratar a pacientes seropositivos.

Casos documentados en el informe revelan que algunos médicos y enfermeros incluso estaban mal informados sobre las vías de transmisión del VIH.

En cuanto a Francisca, en 2007 demandó al hospital de Curicó en un tribunal local, con la ayuda de Vivo Positivo. Al verano austral siguiente, la rechazaron sin posibilidad de apelar. Ahora, su caso, presentado contra Chile por el Centro de Derechos Reproductivos y Vivo Positivo, está pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por Aprille Muscara y Daniela Estrada, NUEVA YORK/SANTIAGO, 22 octubre (IPS)